Procuraduría requiere acciones para mejorar instituciones educativas en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación requirió a la gobernadora de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, que tome medidas inmediatas para salvaguardar el buen estado de las instalaciones físicas de varias instituciones educativas del departamento. Algunas de estas instituciones presentan riesgo de colapso en ciertas partes de sus estructuras.

Este requerimiento surge en respuesta a las protestas de padres, estudiantes, docentes y la comunidad en general, quienes demandan condiciones dignas y espacios adecuados para el aprendizaje.

Deficiencias a solucionar en las instituciones educativas

La Procuraduría también solicitó a la administración departamental que tome acciones para resolver otras deficiencias en las instituciones, como la falta de personal docente, la ausencia de servicios de aseo, vigilancia, transporte escolar, agua potable, instalaciones sanitarias y la insuficiencia de pupitres para los alumnos.

Los colegios públicos que presentan algunas de estas falencias son las Instituciones Educativas Margoth Maestre de Ariza, María Inmaculada y Gladys Bonilla, del municipio de Distracción; Técnica Agropecuaria Ismael Rodríguez Fuentes, de El Molino; Roig y Villalba, de Fonseca, y Eusebio Septimio Mari, de Manaure.

El Ministerio Público recordó en la acción preventiva que la Corte Constitucional señaló que una educación adecuada se logra cuando los menores acceden al sistema educativo sin obstáculos y cuentan con todos los implementos necesarios para asistir a las clases.

El órgano de control puntualizó en su requerimiento que el Estado tiene la obligación de proteger, a través de sus entidades territoriales, la vida y la integridad física de los niños, adolescentes y jóvenes, “sin olvidarse de su obligación de asistirlos y protegerlos integralmente”.