Senado aprueba reforma para aumentar recursos a municipios y departamentos

Con 75 votos a favor, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que aumenta las transferencias de recursos de la Nación a los entes territoriales. La reforma busca mejorar la autonomía administrativa de municipios y departamentos, fortaleciendo la descentralización.

Esta reforma, que ha generado un amplio debate en el Congreso, busca modificar el régimen de transferencias, otorgando a los entes territoriales mayores recursos para atender las necesidades de sus habitantes. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta iniciativa representa una «puerta de esperanza» para las regiones más afectadas por la pobreza y el atraso.

Sin embargo, la aprobación de la reforma enfrentó oposición de Cambio Radical y la senadora Paloma Valencia, quienes argumentaron que el incremento de transferencias podría afectar el déficit fiscal y comprometer fondos cruciales de seguridad y justicia.

Autonomía y equidad regional

Senadores como Andrés Guerra, del Centro Democrático, respaldaron la reforma, subrayando que beneficiará a las regiones más afectadas por la violencia y la exclusión. A su vez, el senador Gustavo Moreno criticó el centralismo, al señalar que limita la capacidad de los alcaldes para obtener recursos del gobierno central, lo que afecta las inversiones en servicios y calidad de vida en los territorios.

Para completar el proceso, el proyecto aún debe pasar por dos debates en la Cámara de Representantes. Tanto el ministro Cristo como el senador Ariel Ávila, ponente de la reforma, recalcaron que es necesaria una Ley de competencias para asegurar el uso adecuado de los fondos transferidos, de manera que los mandatarios locales gestionen estos recursos de forma eficiente y responsable.

Implementación gradual de las transferencias

El proyecto prevé que el incremento en las transferencias se realice de forma gradual para alcanzar el 46.5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Este crecimiento será anual y acorde con las necesidades insatisfechas de cada región, evitando impactos financieros bruscos y mejorando la gestión regional. Ahora, la reforma espera la decisión final en la Cámara, que determinará su viabilidad y su entrada en vigor.