Corte Constitucional admite demanda contra cobro de valorización en la Vía al Mar

La Corte Constitucional admitió la demanda presentada por el senador Mauricio Gómez contra el cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, bajo la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo. La acción judicial busca declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según el senador Gómez, este cobro viola principios constitucionales como la irretroactividad de los tributos, la buena fe y la confianza legítima de los ciudadanos.

Gremios del Atlántico y Bolívar respaldarán la demanda

En el marco de un conversatorio sobre el impacto de la valorización en Atlántico y Bolívar, Gómez pidió apoyo de gremios y legisladores para respaldar esta demanda. Ante el anuncio, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar manifestaron su respaldo a la acción judicial. De igual manera, Camacol Atlántico mostró su apoyo, argumentando que el cobro perjudica el desarrollo regional y a múltiples sectores de la comunidad.

Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol Atlántico, rechazó la medida por considerarla una decisión «improvisada» que afecta a propietarios, constructores y usuarios finales. Además, señaló que esta valorización podría tener un efecto negativo en la economía y el desarrollo de la Región Caribe.

Corte Constitucional admite demanda contra cobro de valorización en la Vía al Mar
Corte Constitucional admite demanda contra cobro de valorización en la Vía al Mar | Cortesía

Por su parte, el senador Efraín Cepeda calificó como «desproporcionado» el cobro de 2.4 billones de pesos que impactaría a más de 140 mil personas en la zona de influencia de estas vías.

Cepeda resaltó el difícil contexto económico que enfrenta la región, con tarifas de energía elevadas y un bajo recaudo tributario. Denunció que la valorización propuesta pretende cubrir las deficiencias en el recaudo y gestión presupuestal del Gobierno, lo cual ha afectado a la Región Caribe con menor inversión y un recorte presupuestal significativo.

Gremios del Caribe recurren a la vía judicial

Ante este escenario, el Comité Intergremial del Atlántico informó que se han presentado cinco demandas ante el Consejo de Estado y dos ante la Corte Constitucional, además de una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cepeda indicó que los gremios de Atlántico y Bolívar interpusieron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, apoyada con un exhaustivo estudio jurídico para argumentar los vicios de nulidad.

Los líderes gremiales instan a la unidad y al trabajo conjunto para frenar lo que describen como «afrentas del Gobierno central» contra la región.

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