El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia está a un paso de obtener la aprobación final en el Senado. Tras varios encuentros entre el Senado y la Casa de Nariño, representada por el Ministerio del Interior, el articulado fue ajustado y contaría con el respaldo necesario para ser aprobado.
La iniciativa, liderada por la bancada del partido En Marcha y apoyada por la Federación Nacional de Departamentos; la Federación Colombiana de Municipios; Asocapitales y las 5 RAP (Regiones Administrativas y de Planificación) actualmente consolidadas en el país, logró importantes acuerdos para su aprobación, entre ellos, una reducción en el porcentaje de aumento de las transferencias para los municipios, distritos y departamentos.
Reducción en el porcentaje de incremento
Uno de los puntos clave de la reforma es el ajuste en el porcentaje de los recursos del SGP. Inicialmente, se proponía un aumento del 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación; sin embargo, se acordó reducirlo a 39,5%, un punto medio entre la propuesta original y el 37,5% que defendían algunos congresistas. Esta modificación buscaría garantizar un flujo estable de recursos para las regiones y contribuir al cierre de las brechas de desarrollo que han afectado históricamente a los entes territoriales.
La implementación de este aumento está sujeta a la expedición de una ley de competencias que definirá las nuevas funciones de los municipios y departamentos. Aunque este punto ya figuraba en la propuesta, el acuerdo reciente establece que el incremento no entrará en vigor sin esta normativa, lo que aseguraría una transición ordenada y efectiva.
Plazos y condiciones para su implementación
Otro de los acuerdos implica la ampliación del período de transición de 10 a 12 años, lo que permitirá que el incremento se realice de forma gradual. La transición comenzará una vez se expida la ley de competencias, y el Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para presentar este proyecto al Congreso. Mientras tanto, se mantendrá la fórmula actual del SGP, que establece el ajuste anual en función del crecimiento de los ingresos nacionales de los últimos cuatro años.
La reforma también establece que el aumento en las transferencias estará alineado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y que su principal objetivo es cerrar las brechas entre los territorios, favoreciendo la eficiencia y control en el uso de los recursos, tal como sugieren estudios del Banco Mundial.
Si la reforma es aprobada, será necesario que el Congreso apruebe una ley que detalle los nuevos recursos y responsabilidades para garantizar que las asignaciones respondan a las necesidades locales y departamentales.