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Procuraduría solicita medidas cautelares para proteger bienes culturales en Sierra Nevada
sierra Nevada de Santa Marta
La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de proteger los bienes culturales y el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este pedido busca garantizar la conservación de los 348 sitios sagrados de la región, que forman parte de la “Línea Negra”, un sistema vital para las comunidades indígenas Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.
La solicitud pretende prevenir la destrucción y evitar la repetición de daños a los bienes culturales y territoriales, así como proteger los derechos fundamentales de los líderes indígenas y sus comunidades. Según el delegado de coordinación de intervención ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, tras dos años de trabajo con las comunidades y más de 16 encuentros interculturales, se ha abordado la grave situación provocada por las agresiones históricas contra estos pueblos.
«Después de años de trabajo conjunto, hemos logrado identificar los riesgos y amenazas que enfrentan estos territorios sagrados y hemos diseñado una estrategia integral para protegerlos» señaló Acosta.
Medida histórica para la JEP
Acosta Aristizábal enfatizó que la solicitud, considerada por las magistradas como “histórica”, busca no solo la prevención sino también la recuperación de los sitios afectados. La solicitud incluye varios macrocasos relevantes y está destinada a proteger tanto los sitios sagrados como los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La medida involucra los macrocasos 01, 03 (subcaso Batallón la Popa I, Batallón La Popa II, Costa Caribe y Fase Nacional), 08, 09 (subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia) y el macrocaso 10.
Un reto sin precedentes para la jurisdicción
El delegado Christian Wolffhügel Gutiérrez subrayó que esta medida representa un reto sin precedentes para la JEP debido a su dimensión integral. La solicitud no solo aborda los riesgos inmediatos, sino que también se conecta con una serie de violencias históricas y múltiples macrocasos, haciendo de esta solicitud un desafío significativo para la jurisdicción.