La Contraloría General de la República inició una Actuación Especial de Fiscalización para evaluar las condiciones y servicios de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. El enfoque principal se centra en varias cárceles de Colombia, incluyendo cuatro de la Región Caribe: El Bosque en Barranquilla, CPAMS Valledupar, CPAMS Santa Marta y La Ternera en Cartagena. Esta auditoría busca verificar el estado de estos centros y asegurar que cumplan con los estándares necesarios para el bienestar de los reclusos.
Actualmente, en Colombia operan 125 establecimientos carcelarios bajo la jurisdicción del gobierno nacional, albergando a 102.877 personas privadas de la libertad. Para 2023, se asignaron $3 billones al USPEC y al INPEC, cifra que aumentó a $3.8 billones para 2024, destinados a mejorar las condiciones de estos centros y garantizar su adecuado funcionamiento.
Revisión de salas de audiencia en Centros Transitorios de Reclusión
Además, la Contraloría, a través de su Delegada para el Sector Justicia, realizará otra Actuación Especial de Fiscalización enfocada en las salas de audiencia en los Centros Transitorios de Reclusión. Esta revisión incluye al Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es asegurar que estas salas cumplan con los requisitos necesarios para garantizar una correcta defensa pública a los reclusos.
Al finalizar esta actuación, la Contraloría emitirá un concepto sobre la implementación y operación de estas salas de audiencia, fundamentales para el debido proceso en materia penal.