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Contraloría alerta sobre impacto económico del congelamiento de tarifas de peajes y retrasos en proyectos viales en la Región Caribe
El análisis de la Contraloría indica que su impacto ha sido negativo, con una afectación económica en 2023 cercana a los $610.000 millones.
Peaje Papiros
La Contraloría General de la República expresó serias preocupaciones sobre las implicaciones del Decreto 050 de 2023, que ordena el congelamiento de las tarifas de peajes en Colombia. La entidad advierte a los responsables del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los concesionarios viales sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas para cumplir con los contratos de concesión.
El decreto, emitido el 15 de enero de 2023, fue justificado como una medida para mitigar riesgos inflacionarios, sin embargo, el análisis de la Contraloría indica que su impacto ha sido negativo, con una afectación económica en 2023 cercana a los $610.000 millones. Se estima que, si no se autoriza el ajuste del 4,64% en 2024, la afectación podría alcanzar los $410.000 millones, sumando un total de $1,02 billones que deberán ser cubiertos por el Presupuesto General de la Nación. La Contraloría también expresa preocupación por posibles aumentos adicionales debido a los tribunales arbitrales iniciados por los concesionarios viales.
Retrasos y problemas en proyectos viales
En una rueda de prensa en Cartagena, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó también preocupaciones sobre dos importantes proyectos viales en la Región Caribe. En primer lugar, el proyecto de restauración del Canal del Dique, valorado en $4,43 billones, enfrenta riesgos de retrasos significativos y costos adicionales debido a nuevas consultas previas y exigencias adicionales de licencias ambientales y protocolos de la JEP. Rodríguez Becerra alerta que es probable que la construcción no comience en la fecha prevista del 2 de diciembre de 2024.
En cuanto al contrato de Autopistas del Caribe (Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena), con un valor total de $6,75 billones, la Contraloría informa que las obras no han comenzado según el cronograma establecido. Las dificultades en la operación de las estaciones de peaje y la oposición de las comunidades locales han llevado a compensaciones cercanas a $153.000 millones al concesionario. La falta de resolución de estos problemas podría llevar a una terminación anticipada del contrato, con un posible costo adicional de hasta $400.000 millones.
Rodríguez Becerra solicitó al Ministerio de Transporte y a la ANI que colaboren con el concesionario y las comunidades para encontrar soluciones efectivas y evitar mayores costos y retrasos en estos importantes proyectos.