Avanza solución definitiva en la prestación de servicio de energía en la Región Caribe
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, calificó como positiva la aprobación, en el Plan Nacional de Desarrollo – PND, de los artículos que permitirán implementar un esquema de solución a la prestación del servicio de energía en la Región Caribe.
“Con los artículos aprobados tenemos la posibilidad de seguir cumpliendo con el cronograma establecido desde noviembre pasado por el presidente de la República, Iván Duque, para avanzar hacia una solución definitiva en la prestación del servicio de energía eléctrica en esta región”, señaló la Superintendente.
Dentro de lo aprobado por el Congreso de la República, el artículo 316 del PND se facilita la integración vertical en el sector energético de la Región Caribe, encaminada a la realización de actividades de comercialización, distribución y generación de energía, antes limitadas en el artículo 74 de la Ley 143 de 1994.
Este mismo artículo permite un aumento del 25% al 35% al límite de participación y comercialización de los distribuidores de energía en el mercado nacional, facilitando así la presencia de más actores interesados en adquirir alguno de los dos segmentos geográficos en los que se dividió la Región Caribe, identificados como Caribe Mar y Caribe Sol.
El PND en su artículo 313 autoriza al Gobierno Nacional a asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe para garantizar el pago de esos recursos a los más de 3 mil pensionados que tiene la empresa. La cancelación de ese pasivo ayudará también en la búsqueda de uno o más operadores para el mercado de energía.
Finalmente, la superintendente expresó que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo incorpora otras normas de gran importancia para ampliar la capacidad de vigilancia, inspección y control de la Superservicios, orientada a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de los usuarios en el país. Entre ellas, el artículo 16 que fortalecerá el apoyo a los procesos de intervención de los prestadores que han sido o sean objeto de toma de posesión por parte de la entidad.