Procuraduría adelanta 136 procesos en 95 municipios de la Región Caribe por presuntas irregularidades con los recursos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19

La Procuraduría General de la Nación, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus covid-19, avanzó en la priorización de  2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas  de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.

En desarrollo del programa ´Transparencia para la Emergencia´, que adelanta en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, el ente de control ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario.

De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación y 12 en investigación.

Como parte de estos procesos permanece suspendida de su cargo la secretaria General de la Gobernación de Cesar.

La Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre.

Por los procesos por presuntas irregularidades en alcaldías, permanecen suspendidos los alcaldes de Cereté y Tierralta, Córdoba; el alcalde de Malambo, Atlántico y la alcaldesa de Sucre en Sucre.

En la Región Caribe se adelantan 136 procesos en 95 municipios. De los 8 departamentos que la componen, Sucre, con 30, Córdoba, con 29, y Bolívar, con 20 enfrentan el mayor número de expedientes en 57 municipios.

VIGILANCIA A CONTRATACIÓN CON APORTANTES

La Procuraduría atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.

Estos contratos suscritos por las Entidades Territoriales entre marzo y junio de 2020 representan el 2% de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia por Coronavirus Covid-19.

El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4.7 mil millones.

Adicionalmente, la PGN identificó 147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones.

El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas.

La PGN conformó una comisión integrada por los procuradores delegados para la contratación para establecer posibles trasgresiones al Estatuto Anticorrupción y a la Ley Electoral, por los contratos celebrados entre las diferentes administraciones municipales y departamentales con los aportantes a las campañas.

CITACIÓN A AUDIENCIAS

Así mismo, citó a juicio disciplinario al alcalde del municipio de El Molino, en La Guajira, Juan Pablo Vega Escobar, y la secretaria de Gobierno, Karelis Rosado Acosta, por presuntas irregularidades en el Contrato 01 del 24 de marzo de 2020, que tenía por objeto la compra de insumos y víveres no perecederos, suscrito de manera directa con la Fundación Social Creciendo, por un valor de $99´247.900.

Al mandatario se le reprocha su participación en el proceso con la Fundación Social Creciendo, con el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, lo que habría facilitado los sobrecostos identificados por una auditoría de la Contraloría General de la República.

En la audiencia la secretaria de Gobierno deberá responder por haber participado en la etapa precontractual del proceso 01, con presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad y economía al aprobar los estudios previos y la propuesta presentada por la fundación.

Las presuntas faltas de los funcionarios fueron calificadas en esta etapa del proceso como gravísimas a título de culpa gravísima.

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

LURUACO

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, Marly Gutiérrez Pérez, por presunta transgresión de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención de la covid-19.

El Ministerio Público investiga la presunta presencia de la mandataria y concejales del municipio en un restaurante, al parecer de la localidad, donde según publicaciones de redes sociales estarían celebrando la aprobación por parte del concejo municipal del Plan de Desarrollo ´Luruaco mejor para todos 2020 – 2023´.

GALAPA

Se abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Gobierno del municipio de Galapa, Atlántico, Marco Tulio Rojas Ayala, por presunta violación de las normas de aislamiento preventivo, uso de tapaboca y respeto del distanciamiento social, establecidas para la contención de la covid-19.

El Ministerio Público busca establecer la presencia del secretario Rojas Ayala en el restaurante ¨La herradura campestre´, hecho que habría quedado registrado en un video publicado por periódico El Heraldo.

SABANALARGA

Se abrió investigación contra el concejal de Sabanalarga, Atlántico, Alexi Rafael Díaz, Sarmiento, por presunto incumplimiento de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención del coronavirus.   

Al parecer el concejal habría participado en una fiesta, en la que además al parecer se desconoció el toque de queda y la ley seca que regía en el municipio, según un video que fue enviado a la cuenta de twitter de la PGN, en donde las personas que aparecen en las imágenes no usan tapabocas, ni guardan el distanciamiento establecido.