Gobierno y Registraduría enfrentados por contrato electoral adjudicado a Thomas Greg & Sons
Registraduría del Estado Civil
La Registraduría Nacional adjudicó este viernes un contrato de $41.000 millones a la unión temporal Distribución Procesos Electorales, en la que participa la firma Thomas Greg & Sons, para la organización de procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales y consultas populares. La decisión se tomó a pesar de los cuestionamientos de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia, que había alertado sobre posibles irregularidades en el proceso de selección.
El contrato incluye la logística y soporte informático para elecciones y consultas populares, como la constitución del Área Metropolitana del Suroccidente y del Piedemonte Amazónico, cuyos habitantes votarán el próximo 24 de noviembre. La consulta en el suroccidente se realizará en Cali, Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Villa Rica, mientras que en el Caquetá, los ciudadanos de Florencia, Morelia y La Montañita participarán en la decisión.
Gobierno critica el papel de la Registraduría y la Procuraduría
El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por la adjudicación a Thomas Greg & Sons, una firma que ha cuestionado públicamente por su presunta influencia en los procesos electorales del país. Petro calificó la situación como «el mayor peligro para la democracia colombiana», aludiendo a un supuesto control sobre las elecciones por parte de la compañía.
La oficina de transparencia del gobierno anuncia que en la Registraduria Nacional,Thomas and Gregg ha contratado en lo que va del siglo más de 4 billones de pesos y de los 27 contratos que ganó, en 26 fue único proponerte.
Así se escrutan las elecciones en Colombia pic.twitter.com/CpFmcmNdt7
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 17, 2024
Por su parte, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, criticó el papel de la Procuraduría en el proceso, acusándola de avalar la adjudicación sin garantizar la pluralidad de oferentes. Según Idárraga, los plazos establecidos para la licitación y los requisitos exigidos favorecieron a contratistas que ya habían trabajado con la Registraduría, limitando la competencia.
Posibles acciones legales y advertencias sobre la transparencia del proceso
Ante la adjudicación, Idárraga anunció que radicará una denuncia penal ante la posible contratación sin los requisitos legales “Será la justicia (penal) la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación”.
Será la justicia (penal) la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación. Por lo cual, el día de hoy:
– Radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al… https://t.co/vJPeuAM7mi
— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) October 18, 2024
Adicionalmente afirmó que solicitará a la Procuraduría se lleven a cabo las respectivas investigaciones disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de principios de contratación estatal, y a la Contraloría una auditoria por la posible estimación de valores en el análisis de sector de la que, en consideración de la Oficina de Transparencia, careció el proceso adjudicado.
A pesar de los reparos, la Registraduría defendió la transparencia del proceso y adjudicó el contrato con el fin de garantizar el desarrollo de los procesos electorales y consultas populares en las fechas previstas.