Defensoría del Pueblo emite alerta por expansión de Autodefensas Gaitanistas en Valledupar

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 032 de 2023, destacando la preocupante expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) en las comunas 1, 3, 4 y 5 Valledupar, Cesar y en ocho de sus corregimientos: Aguas Blancas, Mariangola, Villa Germania, Caracolí, Guaimaral, Los Venados, El Perro y La Mesa-Azúcar Buena..

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, instó a los gobiernos nacional y local a tomar medidas basadas en los derechos humanos para controlar esta situación. “Hago un llamado a los gobiernos nacional y local para que ejerzan el control basado en los derechos humanos. Las autoridades deben garantizar los derechos de los ciudadanos y no pueden permitir que las AGC ejerzan el control social, fenómeno que, mediante amenazas, extorsiones, tratos inhumanos, entre otras prácticas crueles, tiene afectadas a las comunidades”, expresó Camargo Assis.

El documento, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, detalla que en Valledupar y su zona rural se han presentado homicidios selectivos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales; también, contra población socialmente estigmatizada. Algunos de los actos criminales han sido reconocidos públicamente por las AGC, ya que dejan mensajes en los que se atribuyen su autoría. 

“En la Alerta Temprana evidenciamos que este grupo armado ilegal realiza cobros por supuestos servicios de vigilancia y seguridad. El accionar de las AGC ha derivado en desplazamientos forzados; algunos de ellos, intraurbanos”, aseguró Carlos Camargo Assis.

Cese al fuego terminado

A pesar de que las AGC formaban parte de un cese al fuego bilateral y temporal, este llegó a su fin debido a su presunto incumplimiento. Además de actos criminales, el grupo busca cooptar liderazgos y presionar para ser reconocido como actor político beligerante.

La Defensoría del Pueblo presentó 20 recomendaciones a las autoridades, instando a la implementación de acciones desde una perspectiva de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

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