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Presidencia de la República
El Consejo Gremial Nacional (CGN), mediante un comunicado de prensa, expresó su preocupación ante la convocatoria realizada por el Gobierno Nacional a una marcha en apoyo a un paquete de reformas sociales cuyo contenido es desconocido.
En un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, el CGN ha pedido que cumpla con su obligación constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar que la ciudadanía tenga acceso al contenido de dichos proyectos de ley para que pueda tomar una decisión informada y bajo sus propios juicios y opiniones.
El CGN ha señalado que la ciudadanía y las instituciones democráticas tienen derecho a conocer con antelación los textos propuestos por el ejecutivo para poder evaluar sus impactos sociales y económicos. Al mismo tiempo, los ciudadanos tienen la responsabilidad de respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas, como el Congreso de la República, para mantener la independencia e integridad institucional.

El CGN destacó la importancia de analizar las reformas en los espacios constitucionalmente definidos para garantizar un sano debate con argumentos y cifras. “Trasladar el debate a las calles, promoviendo la injerencia horizontal entre las ramas del poder público pone en riesgo la institucionalidad, especialmente el ejercicio de las funciones constitucionales del Congreso de La República. Adicionalmente, genera riesgos de enfrentamientos, e incluso de violencia y vandalismo entre la ciudadanía” señala el comunicado.
El Consejo Gremial Nacional pidió tener en cuenta que, en lo corrido del año, se han presentado cerca de 121 bloqueos en 20 departamentos de Colombia, los cuales han generado una parálisis en la movilidad de aproximadamente 2.121 horas afectando la productividad y competitividad del país, generando pérdidas millonarias a la economía e impactos inflacionarios que termina asumiendo la ciudadanía.
Finalmente, el Consejo Gremial Nacional hizo una invitación a utilizar los canales institucionales para que, en el marco de la Constitución y la Ley, se garantice un debate democrático, informado y participativo en el Congreso de La República. Respetando la separación de poderes y los pilares del sistema democrático.