El Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Cesar que acoge la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), en la que se solicitaba que Corpocesar cumpliera con su obligación como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción y elaborara el mapa de ruido ambiental de Valledupar.
El Consejo de Estado, al analizar las normas citadas como incumplidas, otorgó a Corpocesar un plazo de seis meses para atender la normativa expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. De este plazo, los primeros tres meses están destinados a la elaboración del mapa de ruido ambiental correspondiente para Valledupar, y los tres meses siguientes para la implementación del respectivo plan de descontaminación de ruido ambiental, con su cronograma correspondiente.
El fallo se basa en la necesidad constitucional de cumplir con los mandatos expedidos, especialmente cuando el incumplimiento de las obligaciones se ha prolongado por un largo periodo, a pesar de los intentos de la Procuraduría de abordar la situación antes de presentar la acción de cumplimiento.
La sentencia también establece que, durante el plazo otorgado, la corporación debe rendir informes al juez de primera instancia sobre el cumplimiento de estas acciones y las medidas concretas tomadas en ese sentido.