Congresistas de la Región Caribe rechazan cobro de valorización en la via al mar

Ministra de Transporte defiende la legalidad del cobro y asegura que beneficiará a la región.

Un acalorado debate se suscitó este martes en el Congreso colombiano, donde congresistas de la Región Caribe se enfrentaron a la ministra de Transporte, María Constanza García, por la implementación del cobro de valorización en la región. Los legisladores argumentan que este impuesto adicional representa una carga excesiva para los ciudadanos, en especial para aquellos de estratos socioeconómicos bajos.

El senador Mauricio Gómez fue uno de los principales críticos, señalando que el cobro afectará a cientos de miles de predios en departamentos como el Atlántico y Bolívar. Según Gómez, los ciudadanos ya están agobiados por el aumento de los costos de servicios públicos y combustibles, y este nuevo impuesto los llevará al límite.

“Entonces cómo paga la gente todo esto? El bolsillo no aguanta más, porque venimos de una reforma tributaria aprobada en primer año del gobierno Petro, venimos de una adición presupuestal aprobada el segundo año de gobierno y ahora nos anuncian una ley de financiamiento de 12 billones de pesos, eso es una tercera reforma tributaria” señaló.

Además, cuestionó el destino de los recursos recaudados, temiendo que no se inviertan directamente en la región. “Entonces nosotros ponemos la plata, pero la ministra en Consejo de Ministros con el presidente, deciden para dónde se va”, añadió Gómez.

El senador además reclamó la aparente baja ejecución de los recursos puesto que “con corte al 31 de octubre, apenas se ha ejecutado el 71% de los recursos aprobados para 2023, según la Contraloría. Presidencia y Planeación y son los sectores que evidencian indicadores en ejecución más bajos”.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, criticó fuertemente la aplicación del cobro de valorización en la región Caribe, argumentando que se está infringiendo la ley. Según Cepeda, la obra en cuestión fue entregada en 2022, pero se está aplicando una ley de 2023 para justificar el cobro, lo que constituye una retroactividad ilegal. Además, señaló que la Financiera de Desarrollo Nacional está asumiendo que la obra está completa en doble calzada cuando en realidad solo está construida en un 70%. El senador también destacó que una gran parte de la obra fue contratada hace décadas, lo que cuestiona la justificación para un nuevo cobro.

Otros senadores como Carlos Meisel y Claudia Pérez coincidieron con Cepeda en su rechazo al cobro de valorización. Meisel expresó su preocupación por la centralización de los recursos y la posibilidad de que se convierta en un mecanismo de expropiación. Pérez, por su parte, cuestionó por qué la Región Caribe fue elegida como piloto para esta medida, señalando que los habitantes de la región ya enfrentan una difícil situación económica y que el cobro de la valorización los perjudicaría aún más. Los senadores coincidieron en que este cobro afecta desproporcionadamente a los estratos socioeconómicos más bajos y que es éticamente cuestionable.

Ministra de Transporte defiende la medida

Por su parte, la ministra García defendió la legalidad del cobro, argumentando que se trata de una política de Estado respaldada por la ley y que los recursos recaudados se destinarán a mejorar la infraestructura de la región. La funcionaria aseguró que el cobro de la valorización es un mecanismo justo para que quienes se benefician de las obras paguen una parte de su costo.

Congresistas de la Región Caribe rechazan cobro de valorización en la via al mar
Congresistas de la Región Caribe rechazan cobro de valorización en la via al mar | Cortesía

La jefe de la cartera ministerial indicó que la Ley 1819 de 2016 instrumenta el cobro de la Contribución Nacional de Valorización “y el corredor Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad se ha desarrollado y se encuentra en ejecución con posterioridad a la emisión de esta ley”, por lo que la Contribución Nacional de Valorización “es un instrumento legal que busca recaudar parte de los beneficios que generan las grandes obras de infraestructura. Esta tiene sustento jurídico y se aplica antes, durante, y hasta 5 años después de finalizadas las obras”.

Además, recalcó que en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó este Congreso, “se incorporó un ajuste a la ley que dice que se habilita el cobro antes, durante y después del proyecto, 5 años después de haber terminado las obras y eso nos permite cobrarlas”.

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