Tras un proceso de cuatro debates en el Congreso, la Plenaria de Senado aprobó con 68 votos a favor el Proyecto de Ley de Reforma a la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), iniciativa que busca agilizar las respuestas a los requerimientos de los servicios esenciales de acceso a la justicia y el fortalecimiento normativo para la transformación digital de la justicia que permita adoptar el expediente digital en todas las disciplinas jurídicas, entre muchos otros temas.
De acuerdo con el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, la reforma aprobada es fruto de un trabajo concertado con las altas cortes, por lo que ahora se espera, se pueda dar respuesta a las problemáticas que en materia de administración de justicia, funcionamiento y transformación digital se han presentado durante los últimos 25 años, tiempo en el que varias iniciativas que habían sido presentadas, fueron archivadas.
Según el alto funcionario, anualmente se presenta un déficit en la atención de procesos judiciales que ha hecho ver a la justicia como tardía e ineficaz. “En 2020 el ingreso efectivo de procesos ascendió a 1’.897.244, mientras que el índice de egresos efectivos fue de 1’.521.088, lo que indica un porcentaje del 80,17% de egresos y un déficit en resolución del 19,3%”, señaló Ruiz Orejuela.
El proyecto desarrolla la conformación, operatividad y funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que cumple la función disciplinaria de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
La norma incluye todos los elementos necesarios relacionados con la adopción del expediente digital para facilitar la labor judicial y mejorar la productividad de los despachos judiciales. También, para permitir al Consejo Superior de la Judicatura crear juzgados itinerantes con el fin de solventar las necesidades de administración de justicia en algunas zonas del país que presenten déficit de cobertura en la prestación del servicio. Y para el desarrollo, operatividad y funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Además, fija los lineamientos para el fortalecimiento de la carrera judicial con garantías para empleados y funcionarios, respetando los cargos por provisionalidad o itinerancia. Igualmente, las normas de concurso de méritos, el registro de elegibles y el respeto a derechos de los empleados de carrera.
El jefe de la cartera resaltó que el Proyecto de Ley contempla la equidad de género al permitir que el 50% de las listas para el cargo de magistrados de las altas cortes sea para mujeres.
Finalmente, el alto funcionario destacó el enfoque de la iniciativa en materia de solución de conflictos, con lo que se pretende evitar la congestión del sistema de justicia. “Buscamos incentivar en los ciudadanos la utilización de estos mecanismos para buscar una justicia pronta con efectos de cosa juzgada. Su uso permitirá reducir los costos procesales, obteniendo una oferta gratuita en instancias como la Procuraduría General de la Nación, las personerías y los consultorios jurídicos”, puntualizó.