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Contraloría alerta sobre inminente crisis energética en Colombia
Falta de pagos a empresas prestadoras pone en riesgo el servicio de energía para millones de colombianos, especialmente en la Región Caribe.
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La Contraloría General de la República lanzó una grave advertencia sobre la inminente crisis energética que enfrenta Colombia. Según el ente de control, la falta de pagos por parte del Estado a las empresas prestadoras de servicios públicos, como Air-e y Afinia, está poniendo en riesgo el suministro de energía eléctrica para millones de ciudadanos, especialmente en la Región Caribe.
Según la Contraloría, de no haber una intervención inmediata por parte de los Ministerios de Hacienda, Minas y Energía, y organismos como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, la prestación del servicio corre peligro. Además, una intervención estatal a otras empresas implicaría un costo de $4 billones anuales para el gobierno.
Impacto financiero y social
La intervención de Air-e ya está en curso, y existe la posibilidad de que otras empresas, como Afinia, también sean intervenidas. Esto no solo afectaría a la Región Caribe, sino que tendría repercusiones en EPM, afectando las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia. La Contraloría señala que la falta de recursos para cubrir los subsidios y la deuda generada por la opción tarifaria agrava la crisis.
El organismo de control insta al gobierno a actuar con rapidez para evitar una parálisis en el servicio de energía que no solo afectaría a millones de usuarios, sino que también pondría en riesgo el desarrollo económico de varias regiones del país, especialmente en la Región Caribe.
Riesgos para otros servicios públicos
La Contraloría también advierte que el problema energético podría extenderse a otros servicios, como el gas. En la Región Caribe, la posible interrupción del servicio de gas afectaría a más de 10 millones de personas, con graves consecuencias sociales y económicas.
El llamado urgente del Contralor es a que el gobierno nacional y las entidades competentes adopten las medidas necesarias para evitar un colapso sistémico en la prestación de estos servicios, garantizando así el bienestar general y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado.