Alcalde de Cartagena demanda a Gobernación de Bolívar por cobro de estampilla

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, interpuso una demanda contra la Gobernación de Bolívar, para eliminar el cobro de la estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe. El alcalde señaló que este tributo del 2% sobre los honorarios de los contratistas afecta a miles de trabajadores por Orden de Prestación de Servicios (OPS) en la ciudad, quienes ya deben asumir altos costos de seguridad social sin recibir beneficios directos del impuesto.

Turbay argumenta que el cobro de esta estampilla es inconstitucional y perjudica a miles de cartageneros que trabajan por contratos. Además, señala que la Gobernación no ha demostrado cómo los recursos recaudados a través de este impuesto benefician directamente a la ciudad.

El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda de nulidad simple contra el Decreto No. 128 de 2012, que regula el cobro de la estampilla y fue expedido por la Gobernación con base en la Ordenanza No. 018 de 2011 de la Asamblea Departamental. Según Turbay, el impuesto perjudica especialmente a contratistas que realizan trabajos menores, como limpieza y servicios administrativos, además de grandes obras de infraestructura.

Medida cautelar para suspensión del cobro

Además de la nulidad, el mandatario solicitó una medida cautelar urgente para suspender el cobro de la estampilla mientras se resuelve el caso, argumentando que es necesario evitar un perjuicio irremediable y proteger los derechos de los afectados. En su demanda, Turbay sostiene que la Gobernación se excedió en sus competencias, ya que sobrepasó el límite temporal para reglamentar el proceso de recaudo y retención de la estampilla, lo que podría generar un detrimento patrimonial para la Alcaldía de Cartagena.

La Ley 645 de 2011 autoriza la emisión de la estampilla para financiar inversiones en infraestructura, equipos y mantenimiento del Hospital Universitario del Caribe, con el fin de mejorar sus condiciones científicas y tecnológicas. Sin embargo, el alcalde afirma que la falta de justificación y transparencia en la gestión del impuesto afecta negativamente a los contratistas y la economía local.