Procuraduría denuncia desfinanciación en obras para Protección Costera de Cartagena de Indias
Procuraduría analiza posibles actuaciones disciplinarias por irregularidades en el Proyecto de Protección Costera de Cartagena

La Procuraduría General de la Nación advirtió este miércoles que, tras las evidencias recopiladas durante su actuación de vigilancia y control de la infraestructura turística y el medio ambiente, se está analizando la posibilidad de iniciar actuaciones disciplinarias por las obras del Proyecto de Protección Costera en Cartagena, iniciado en diciembre de 2021.
El proyecto, que abarca la construcción de espolones, escolleras, relleno hidráulico con material arenoso y la construcción de rompeolas, ha sido señalado por la Procuraduría debido a presuntas «irregularidades relacionadas con la falta de transparencia en torno a la estructuración del proyecto, su contratación y ejecución». Se han identificado posibles problemas de desfinanciación y falencias en la planeación, especialmente en relación con el Plan de Manejo Arqueológico y los costos asociados al proyecto.
Desfinanciación de la Compensación Económica a los Actores de Playa
Además, se ha destacado que tras las mesas de trabajo con los carperos y las asociaciones, los recursos destinados a la compensación económica para los actores de playa también se encuentran desfinanciados. El proyecto, valorado en más de $185 mil millones, ha sido ejecutado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con financiamiento proveniente del Sistema General de Regalías, de la Alcaldía y Nación.
Preocupaciones y Falta de Cronograma
La Procuraduría expresó su preocupación por la falta de un cronograma o plan operativo global del proyecto, así como la necesidad de poner en marcha el sistema en su totalidad para evaluar su utilidad y funcionalidad. Se ha subrayado que, de no implementarse según lo previsto, el proyecto no cumpliría con su objetivo de detener la erosión de manera efectiva.
En este contexto, la Procuraduría anunció que se está analizando la posibilidad de iniciar actuaciones disciplinarias ante las evidencias recopiladas.