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En una reciente decisión, la Corte Constitucional revocó el Decreto Legislativo 1272 de 2023, el cual establecía un subsidio a través de transferencias no condicionadas destinado a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes de las comunidades wayuu en La Guajira, que se encontraran en situación de desnutrición o riesgo inminente de padecerla.
El fallo, emitido este 11 de diciembre, declaró la inexequibilidad del decreto con efectos retroactivos, excluyendo las transferencias no condicionadas ya entregadas hasta la fecha de la sentencia. La Corte argumentó que no existía una conexión externa entre el decreto que declaraba el estado de emergencia y el examinado, especialmente en lo referente a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la disminución de la disponibilidad de agua.
Transferencias Monetarias Revocadas
Según la norma revocada, el Departamento de Prosperidad Social, liderado por Laura Sarabia, tendría la responsabilidad de identificar a las beneficiarias de estas transferencias monetarias no condicionadas.
La fuente de financiamiento de este subsidio estaba ligada al proyecto de inversión «Implementación de Transferencias Monetarias No Condicionadas para Atención de Emergencia Fondo de Inversión para la Paz (FIP)». Inicialmente, el DPS había asignado un monto de $500,000 para las familias wayúu en estado de desnutrición o en riesgo de padecerla.