Corte advierte incumplimiento de la Sentencia que busca la protección de los derechos Wayuu

Entre el 17 y el 21 de abril, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, de la Corte Constitucional, adelantó una inspección judicial en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira, con el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo que busca remediar los problemas estructurales que impiden el goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y el agua potable de la niñez Wayuu.

El magistrado auxiliar comisionado y el equipo delegado, luego de visitar en total 21 comunidades de la media y alta Guajira, advirtió serios problemas frente al cumplimiento de las órdenes estructurales contenidas en la sentencia y las medidas provisionales de urgencia que se han adoptado a lo largo del seguimiento – auto 696 de 2022-. Por esta razón, luego de verificadas las fuentes de agua, los lugares de alimentación y los centros de salud, y atendiendo a las circunstancias observadas, se generaron algunos compromisos entre la comunidad y la institucionalidad para atender las necesidades inmediatas de la población. Entre las autoridades obligadas que participaron de los compromisos se destacan varios ministerios, las entidades territoriales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y algunas empresas de salud y servicios públicos.

“Durante el recorrido se advirtieron fallas en las soluciones hídricas que se han puesto en marcha para atender a las comunidades, como la poca frecuencia de los carros cisterna y el mal estado de pozos y jagüeyes. Así mismo, se encontraron problemas en el suministro de alimentos y falta de atención por las entidades encargadas, como el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Y frente al tema de salud, sobresalió la ausencia de personal médico, equipos de salud insuficientes y en mal estado, falta de ambulancias e insuficientes medidas de atención extramural. Todo ello además permeado por la falta de vías adecuadas de acceso que faciliten el transporte y recorrido de la población por el territorio” expresó la corte.

Igualmente, al detectar algunas obras públicas abandonadas o en estado de deterioro la Corte dispuso el dar traslado de lo constatado a la Contraloría General de la República, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades adelanten las investigaciones fiscales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Para la Sala de Seguimiento, “la visita al territorio del pueblo Wayuu, que incluyó también algunos barrios informales de Riohacha y Uribia, fue una experiencia excepcional que muestra una realidad crítica y dolorosa”.  Por cinco días se recorrieron distintas zonas de difícil acceso de la Media y Alta Guajira, en las que, según los magistrados, la presencia de la institucionalidad estatal es esporádica deficiente e inoportuna. Durante la visita se encontraron varios menores en estado de desnutrición y  la comunidad alertó sobre el subregistro de los menores fallecidos por esta causa.

La Corte advirtió, que si bien solo se visitaron 21 comunidades indígenas, los lugares que no hicieron parte de la inspección y que están incluidos en los cuatro municipios priorizados, debían ser igualmente atendidos en virtud de las órdenes estructurales proferidas en la Sentencia T-302 de 2017.

Finalmente, La Corte Constitucional afirmó que seguirá trabajando para que las órdenes de la sentencia y los autos de seguimiento sean debidamente acatadas y que los insumos entregados por las entidades y las comunidades indígenas serán valorados para tomar las medidas correctivas adecuadas, que podrán partir del desacato y el traslado de posibles faltas disciplinarias, penales y fiscales a las autoridades competentes.

Las comunidades visitadas en el marco de la inspección judicial fueron: 3 de Abril, Nueva Venezuela, Perroutalimana, Siwolu, Choloisirra, Poroporo, Jaiparen, Puerto Estrella, Siapana, Karrapuzer, Flor de La Guajira y Media Luna–Jawoo, en el municipio de Uribia; Isashimana, Lacantamana, Guarralakatshi, Urraichichon I y La Gloria, en Manaure; Sumai Wayuu en Riohacha; y  Toromana, Patsurrari y Parrantial, en Maicao.

La visita fue acompañada por tres expertos en agua, alimentación y salud, así como por una mujer wayuu intérprete de wayuunaiki. Asimismo, asistieron a la diligencia la Consejería Presidencial para las Regiones; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Transporte; el Instituto Nacional de Vías; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Gobernación de La Guajira; las alcaldías de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao; algunas empresas de agua potable municipales; la empresa de agua departamental EPSEGUA; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017; Dejusticia; y algunas EPS e IPS indígenas.