Corte Constitucional ordena al gobierno presentar un nuevo Plan de Acción para proteger derechos de la niñez Wayuu

La Corte Constitucional ordenó a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Salud, Vivienda, Ambiente, Agricultura y Hacienda, entre otras entidades del Gobierno, así como a las entidades territoriales presentar nuevamente, en un plazo de un mes y medio, un Plan de Acción Integrado y Unificado que cumpla con las medidas cautelares para la protección de los derechos de la niñez Wayuu.

El Plan de Acción presentado anteriormente por el Gobierno no cumplió con los parámetros y objetivos establecidos en el Auto 696 de 2022. Entre las deficiencias encontradas se destacan la falta de asociación explícita entre acciones propuestas y objetivos, la ausencia de índices de goce efectivo de derechos, la falta de cronogramas y la necesidad de una mejor coordinación entre las entidades responsables de llevar a cabo las acciones. La Corte enfatizó que el simple asignamiento de recursos no garantiza el cumplimiento de las obligaciones hacia la población Wayuu, sino que se deben demostrar resultados concretos en la protección de sus derechos.

La Corte resaltó que después de casi cinco años de ejecutoriada la sentencia que declaró el ECI, las entidades estatales aún cuentan con funcionarios que desconocen todos los fundamentos que llevó a esa declaratoria y las obligaciones que de él se derivan.

En ese orden, no aprobó el Plan de Acción remitido y declaró el cumplimiento bajo de lo ordenado en el Auto 696 de 2022. Además, le ordenó a la Consejería Presidencial que remita un Plan integrado y unificado en el que se evidencie una real articulación entre las entidades del orden nacional y territorial, y proponiendo cada una de las acciones con base en los parámetros indicados en el mencionado auto.

“Las acciones y las actividades que la constituyen deben ser pertinentes, conducentes, útiles y necesarias, es decir, deben ser las propicias, acorde a los requerimientos técnicos de cada área, para conseguir el objetivo planteado. Para ello debe aportarse la información necesaria y organizada que permita su efectiva valoración”, explicó el auto.

También estableció que la Contraloría General deberá auditar la ejecución de los recursos públicos destinados a los proyectos presentados en el Plan, y ordenó informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta decisión, toda vez que está relacionada con la resolución de medidas cautelares adoptadas por dicho órgano internacional en La Guajira.