A través del Decreto 1390 de 2023, la Alcaldía de Cartagena suspende por un periodo de cuatro meses los cierres programados para las playas de la península de Barú, que incluían a Playa Blanca. Esta determinación responde a una orden judicial emitida por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, en respuesta a una tutela presentada por las comunidades de Barú, que solicitaba la suspensión de la medida.
La sentencia de primera instancia destacó que no se llevó a cabo una consulta previa con las comunidades antes de la expedición del decreto que establecía los cierres, programados para dos días al mes hasta junio de 2024. Además, se señaló que en el comité que se realizó previamente a la expedición del acto administrativo, no se evidenció la participación de los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana y Playa Blanca.
La medida, aunque tenía como objetivo la protección ambiental, afectaba los derechos de la comunidad afrodescendiente que reside en la zona y depende del turismo y la explotación de los recursos naturales de estas playas.
La orden judicial también insta al Distrito a realizar todas las gestiones necesarias durante la suspensión de cuatro meses para llevar a cabo la consulta previa con las comunidades afectadas.
A pesar de que el Distrito impugnó el fallo de primera instancia, el trámite de este recurso aún se encuentra pendiente de resolución, por lo que la Alcaldía optó por acatar la orden del juez.