Seguridad energética en riesgo: Procuraduría urge decisión sobre proyecto de gas en el Caribe
Naturgas
La Procuraduría General de la Nación reiteró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la necesidad de tomar medidas inmediatas con respecto a la licencia ambiental para el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1 en la región Caribe. El trámite, que ha estado suspendido por más de un mes, podría poner en riesgo la seguridad energética del país si no se retoman las actividades a tiempo.
El ente de control destacó que el 23 de agosto de 2024 venció el plazo para tomar decisiones clave en este proyecto, que busca explorar el único pozo de gas off shore de la región. Por esta razón, se convocó a una mesa de trabajo con los actores involucrados, con el objetivo de analizar la situación y sus posibles consecuencias.
Inquietudes sobre la gestión del proyecto
La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de la Procuraduría expresó su preocupación sobre la planificación y el avance del proceso de licenciamiento. Uno de los puntos críticos señalados es la disponibilidad de recursos y equipos para la ejecución del proyecto, especialmente en cuanto a la embarcación de perforación Valaris DS-16, cuya confirmación es fundamental para mantener la programación establecida para 2025.
El Ministerio Público convocó a diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol y la Asociación Colombiana de Gas Natural (NATURGAS), solicitando información detallada sobre el estado del proyecto, que afecta jurisdicciones clave como las capitanías de puerto de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta.
Riesgo para la seguridad energética
El retraso en la exploración del bloque COL-1 podría generar incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos para garantizar la seguridad energética de Colombia. La Procuraduría subraya que es fundamental agilizar las decisiones para evitar afectaciones en la programación y ejecución del proyecto, considerado vital para el futuro energético del país.
Las entidades involucradas deberán presentar un informe sobre los avances y posibles obstáculos que han surgido en el proceso, con el objetivo de establecer un plan de acción que permita retomar las actividades lo antes posible.