«Que el congreso no apruebe algunas leyes no es motivo para una Constituyente»: Defensor del Pueblo

Ante el anuncio del Presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, expresó la importancia del diálogo entre el Gobierno y el Congreso para evitar crisis constitucionales, y manifestó que «Por el hecho de que el Congreso no acoja los proyectos de reformas que propone el Gobierno, el país no tiene que atravesar una situación extraordinaria que motive un cambio constitucional”. Además subrayó que la Constitución de 1991 fue el producto de un gran acuerdo nacional que dispone de “instrumentos para atender las reformas que un gobierno quiera implementar”.

El defensor del Pueblo recordó que la misma situación la han vivido los gobiernos anteriores a quienes el congreso no les ha aprobado leyes o las cortes se las han tumbado, sin que esto implique una constituyente.

«Situaciones que no deben ser malinterpretadas, sino entendidas como el ejercicio legítimo de potestades y competencias entregadas por la misma Constitución Política. Ninguna de las ramas del poder público carece de controles por parte de otras ramas del poder público«, afirma Carlos Camargo Assis.

Equilibrio de Poderes: Base de la Democracia

Camargo Assis destaca que el sistema constitucional colombiano, establecido en 1991, se basa en un equilibrio de poderes que impide la concentración de autoridad. Señala que el diálogo y la autonomía de las ramas del poder son esenciales para resolver diferencias sin recurrir a cambios constitucionales extraordinarios.

El Defensor enfatiza la necesidad de que el Gobierno y el Legislativo busquen consensos sin asumir que las acciones del Congreso buscan bloquear las reformas propuestas por el Ejecutivo, Destaca que la permanencia y el diálogo son fundamentales para el funcionamiento eficaz del sistema constitucional.

Finalmente, Assis hizo un llamado a la colaboración armónica entre los poderes del Estado, recordando que es un mandato constitucional. Insta a que este principio guíe el ejercicio de las funciones estatales, protegiendo la independencia de cada rama del poder público.

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