«Proyecto que promueve la movilización campesina excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo» Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación en relación al proyecto de decreto emitido por el Ministerio de Agricultura, ‘por el cual se promueve la movilización y organización campesina’ y advierte que este excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo.

Una de las principales preocupaciones radica en la ausencia de mención a los derechos fundamentales de reunión y protesta pacífica consagrados en el artículo 37 de la Constitución.

El derecho a la libre asociación y su omisión en el proyecto de decreto

En este contexto, el mencionado proyecto también se queda corto al no hacer referencia al derecho a la libre asociación, tal como lo establece el artículo 38 de la Carta Política, que otorga a los ciudadanos la facultad de unirse y formar asociaciones con libertad en pos de un objetivo común.

A pesar de las afirmaciones de diferentes instituciones gubernamentales que defienden la congruencia del proyecto de decreto con los derechos de organización y movilización campesina, la Procuraduría expresa su alarma por la expedición de un decreto que aparentemente va más allá de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Este decreto parece regular derechos cuya esencia implica su ejercicio autónomo, donde la función del Estado debería limitarse a garantizar su pleno desarrollo.

El llamado a la movilización y la incertidumbre presupuestaria

Adicionalmente, el Ministerio Público muestra su inquietud ante el hecho de que el Gobierno recurra a la emisión de un decreto oficial para, posiblemente, respaldar su proyecto de reforma agraria a través de movilizaciones sociales. A pesar de la falta de claridad en el texto, se menciona un «llamado a la movilización y organización campesina» y la creación de comités municipales como parte de un «mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria».

Existe incertidumbre sobre si el Gobierno asignará recursos para respaldar la participación de los campesinos en estas movilizaciones, ya que el texto indica que «todas las entidades de todos los sectores administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’ mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes».

Finalmente, la Procuraduría insta al Gobierno Nacional a garantizar la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes, con el fin de evitar la multiplicación de espacios que podrían sobrepasar la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos. Además, también contribuiría al fortalecimiento de la confianza institucional y la consolidación de principios democráticos.