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La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios de la Corporación Autónoma Regional Cesar (CORPOCESAR) debido a posibles anomalías relacionadas con un saldo pendiente por la sobretasa ambiental en cinco municipios del Cesar.
El Ministerio Público está verificando la información de la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Corporación. Según dicho informe, al 31 de diciembre de 2022, existe una deuda de $1.352.157.972 por concepto de gestión de cobro para los programas de protección y restauración del medio ambiente.
La supuesta deuda corresponde a los municipios de Chiriguaná por $432 millones, El Copey por $28 millones, Pelaya por $16 millones, San Alberto por $353 millones y Valledupar por $528 millones.
La Procuraduría busca corroborar las acciones realizadas por los funcionarios señalados en la denuncia y determinar si estas conductas podrían constituir una falta disciplinaria.