Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a exgobernador Julio Guerra Tulena
Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena (2012 – 2015), por modificar arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencia para participar en la adjudicación de un contrato que superó los $3.853 millones de pesos.
El Ministerio Público comprobó que el 20 de marzo de 2013, horas antes del cierre del proceso de selección abreviada SA 005-2013, el gobernador de Sucre expidió la Adenda 01, que modificó la experiencia que debían certificar los proponentes e impuso la exigencia de un contrato en capacitación a población vulnerable, por un valor mínimo de $27.600.000.
De acuerdo con la investigación, la variación de la experiencia específica adicional no contó con motivación, ni garantías de que la misma fuera conocida o controvertida por los interesados en participar en la selección abreviada.
Al proceso sólo se presentó la Fundación Pro-San Juan, representada por María Caridad Pérez Dancur, que obtuvo el contrato por $3.853´395.586,56, para “Prestar servicio para la ejecución de los proyectos de atención integral a la primera infancia para el mejoramiento de su calidad de vida en los municipios de San Marcos, Morroa, San Benito y Ovejas departamento de Sucre y el apoyo alimentario y nutricional a niños y niñas, pertenecientes al programa de hogares comunitarios de bienestar de los municipios de Sincelejo, Corozal, San Marcos, Sucre y Tolú departamento de Sucre”.
Para el Ministerio Público con su conducta Guerra Tulena vulneró el principio de transparencia (numerales 2 y 7 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993), el principio de libre concurrencia desarrollado por la Corte Constitucional y las funciones del gobernador, contempladas en los numerales 1º y 2º del artículo 305 de la Constitución Política.
La falta del disciplinado fue calificada como gravísima (numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734), a título de culpa gravísima por desatención elemental.
En su decisión la Procuraduría rechazó la solicitud de la defensa encaminada a la declaratoria de incapacidad mental definitiva del gobernador, por considerar que cuando se cometieron los hechos Guerra Tulena gozaba de sus condiciones mentales plenas.