Región Caribe | Noticias de la Costa Caribe Colombiana regioncaribeco@gmail.com
Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons
Alejandro Lyons Muskus
En una decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, con destitución e inhabilidad por 10 años. La sanción se debe a su negligencia en el control y supervisión de contratos que llevaron a pagos por un total de $7.886.574.000 sin los debidos acuerdos de voluntades con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para neurorrehabilitación integral.
Sanciones a exfuncionarios de Salud
Junto con Lyons Muskus, exsecretarios de Desarrollo de Salud del departamento también enfrentan consecuencias. Alexis José Gaines Acuña y Alfredo José Aruachán han sido destituidos e inhabilitados por 9 años, mientras que Edwin de Jesús Preciado enfrentará la misma sanción por 8 años.
La Procuraduría concluye que el exgobernador no supervisó adecuadamente a estos secretarios, lo que resultó en pagos millonarios sin acuerdos con IPS para terapias de neurodesarrollo no cubiertas por el POS.
Incumplimientos y negligencias
La Procuraduría estableció que Gaines Acuña, en 2014, ordenó el pago de $1.193.930.000 a las IPS Girasoles y Crecer y Sonreír sin acuerdos previos. De manera similar, Aruachán Narváez, a través de diez actos administrativos en el mismo año, dispuso el pago de cerca de $6.064.044.000 a estas instituciones sin proceso contractual.
Por su parte, Preciado Lorduy también enfrenta responsabilidad disciplinaria por omitir etapas legales en el pago de $628.600.000 a la IPS Girasoles en 2015.
Falta a la legislación y consecuencias
La Procuraduría concluyó que los exfuncionarios vulneraron principios de economía y responsabilidad al gastar el presupuesto departamental sin cumplir la normativa de seguridad social en salud. La falta se califica como gravísima, a título de culpa gravísima.
Además, la decisión será remitida a la Fiscalía General de la Nación por posible falta de veracidad en ciertas pruebas presentadas durante el proceso. La sentencia puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.