Procuraduría alerta sobre retrasos en construcción de cárceles en Magdalena y La Guajira
Retrasos en construcción de cárceles ponen en riesgo patrimonio público, advierte Procuraduría
Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre los retrasos en la construcción de cárceles en los departamentos de Magdalena y La Guajira. Tras cuatro años desde el inicio de estos proyectos, los avances son mínimos, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos involucrados.
El ente de control señaló que estas obras representan un riesgo significativo para el patrimonio público, debido a las elevadas inversiones presupuestales que superan los 400 mil millones de pesos.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública revisó la documentación correspondiente y encontró que la cárcel de mediana seguridad en San Ángel, Magdalena, que está diseñada para albergar a 1914 reclusos, solo ha alcanzado un 34,94% de ejecución. La situación es igualmente alarmante en Riohacha, donde la construcción de otra cárcel de mediana seguridad apenas ha avanzado un 48,14%. Estos retrasos son el resultado de constantes modificaciones en los cronogramas y dificultades en la ejecución de las obras.
Los atrasos en las obras han impedido el cumplimiento de las metas iniciales del proyecto, especialmente en lo que respecta a la reducción del hacinamiento en los establecimientos de reclusión y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. La Procuraduría señaló posibles fallas en la planeación contractual, sugiriendo que los plazos de culminación de las obras no fueron estimados correctamente. A pesar de que los contratos de obra e interventoría fueron suscritos hace casi cuatro años, la ejecución de las obras no ha superado el 50%.
En respuesta a esta situación, la Procuraduría instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a adoptar los mecanismos jurídicos, financieros y técnicos necesarios para evitar nuevas modificaciones y prórrogas en los contratos. El objetivo es garantizar la entrega de las obras, que están previstas para completarse en junio y diciembre de 2025.