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Procuradora General pide acción inmediata ante migración irregular en San Andrés
Procuraduría General de la Nación
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un enérgico llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia para que asuman el control de la situación de migración irregular que afecta al archipiélago de San Andrés y otras fronteras del país, donde la crisis migratoria se agrava día tras día.
La Procuradora señaló “Evidenciamos la falta de respuesta institucional. No se advierte el ejercicio de liderazgo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria”, aseguró al jefe del Ministerio Público.
Migración nuevo negocio de Grupos ilegales en la Isla
Durante la presentación del Informe Preventivo sobre la Situación Migratoria en San Andrés, reveló que en las diversas fronteras visitadas por su equipo se ha observado la influencia de grupos armados ilegales que han convertido la migración en un negocio ilícito, ante la inacción del Estado.
Cabello Blanco también destacó la responsabilidad del sector privado en esta problemática. Mencionó que algunas aerolíneas no están investigando adecuadamente los boletos de regreso de los viajeros que ingresan a la isla, y que algunos hoteles y posadas en San Andrés no están proporcionando la información necesaria sobre los extranjeros alojados en sus instalaciones.
Dramáticas condiciones de los migrantes
El informe presentado por el delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, revela que empresas legalmente constituidas ofrecen «paquetes turísticos» a migrantes que cubren la ruta entre San Andrés y Centroamérica, con costos que oscilan entre US$ 1500 y US$ 5000.
Los migrantes en tránsito se enfrentan a peligros como largas travesías en el mar, exposición a condiciones climáticas adversas y abusos por parte de grupos ilegales que los reclutan para actividades como la esclavitud, la prostitución infantil y el microtráfico.
La Procuradora hizo un llamado a la unidad interinstitucional para tomar medidas urgentes y recordó que la potestad disciplinaria del ente de control está en vigor, y será utilizada si es necesario para proteger los derechos humanos y el bienestar general.