Procuradora advierte sobre más de 27 mil casos con alto riesgo de trashumancia electoral en el país

La Procuradora Margarita Cabello Blanco expresó su inquietud ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales por la presencia de 27.891 ciudadanos que no se encuentran en las bases de datos correspondientes a los municipios donde se inscribieron para votar. Destacó que los municipios con mayor número de casos son Bogotá, Cúcuta, Medellín, Ibagué y Barranquilla.

Cabello advirtió que estas inconsistencias en las bases de datos se deben contrastar con información del Sistema Nacional de Identificación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Sistema de Seguridad Social en Salud y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

Medidas para evitar delitos electorales

Con el objetivo de prevenir delitos electorales, la Procuradora solicitó a las autoridades electorales la relación de 1.739.105 ciudadanos inscritos hasta el 20 de julio, y más de 2 millones inscritos hasta agosto de 2023, para actualizar su residencia electoral de cara a las elecciones del 29 de octubre. Además, instó al Registrador a remitir la relación definitiva de inscritos para cruzarla con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) y, en caso necesario, solicitar la revocatoria de inscripción de candidatos.

Seguridad en las elecciones y llamado al respeto por la institucionalidad

La Procuradora también hizo referencia al incremento de hechos violentos en ciertas zonas del país, perpetrados por actores armados y organizaciones al margen de la ley, lo cual afecta el orden público y la convivencia ciudadana.

Lamentó el caso del alcalde de La Playa de Belén, quien renunció por amenazas y atentados. En ese sentido, hizo un llamado al respeto por la institucionalidad colombiana y el ordenamiento jurídico, enfatizando la importancia de mantener el orden y cumplir con la Constitución y la ley durante el año electoral.

“En un año electoral, las instituciones del Estado deben mantener el orden y cumplir con la Constitución y la ley. No es momento de generar un caos institucional que pueda derivar en la afectación del desarrollo del proceso electoral y, en consecuencia, en la afectación de los derechos de millones de colombianos”, concluyó.