Presunto Detrimento Patrimonial por $1.008 Millones en Contrato del Puente Pumarejo

La Contraloría General de la República determinó un presunto detrimento patrimonial de $1.008 millones en el contrato de construcción del Puente Pumarejo, en Barranquilla. Según el informe, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) incurrió en gastos innecesarios al realizar pagos de honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento encargado de resolver las divergencias planteadas por el Contratista, el Consorcio SES Puente Magdalena.

Modificación del contrato y omisión de recomendaciones

En diciembre de 2019, a pocos días de la inauguración del nuevo puente, el INVÍAS aceptó modificar el contrato para acudir a la Justicia Arbitral, incumpliendo las condiciones establecidas en la Directiva Presidencial Nro. 04 de 2018. Esta decisión fue tomada a pesar del concepto desfavorable de la Oficina Jurídica de INVÍAS, que advirtió que era innecesario y costoso. Además, se ignoraron las recomendaciones contrarias del Interventor del contrato y de las instancias internas de revisión.

El hallazgo fiscal surge de la suscripción de un Otrosí modificatorio al contrato de obra, que incluyó una cláusula compromisoria para resolver diferencias a través de un Tribunal de Arbitramento. La Contraloría considera que esto constituye una gestión antieconómica de los recursos públicos.

Además, la Oficina Jurídica del INVÍAS había sugerido recurrir a la Conciliación Extrajudicial, un mecanismo gratuito, en lugar del costoso procedimiento arbitral.

Incumplimiento de requisitos y laudo negativo

La suscripción del Otrosí modificatorio ya había sido observada en una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría en 2020, sin embargo, en ese momento no se configuró el hallazgo fiscal porque no se habían realizado erogaciones por parte del INVÍAS.

A pesar de que las entidades públicas pueden recurrir a un Tribunal de Arbitramento, la Directiva Presidencial Nro. 04 de 2018 establece condiciones para salvaguardar los intereses del Estado. En abril de 2023, el Tribunal de Arbitramento emitió su laudo negando todas las pretensiones del contratista, incluyendo la negativa a la liquidación judicial del contrato.

El Contralor Delegado del Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, destacó que la gestión del INVÍAS fue antieconómica al aceptar la instancia arbitral cuando las obras del puente estaban casi terminadas y ya se tenía disponible la Justicia Ordinaria. Esto resultó en un gasto innecesario de $1.008 millones de recursos públicos, sin que la Nación tuviera reclamos que hacer en la instancia arbitral.

Por último y como bien lo anticiparon el Interventor de las obras y las instancias internas de revisión del INVÍAS, el día 13 de abril de 2023, el Tribunal de Arbitramento emitió su laudo negando todas las pretensiones del contratista Consorcio SES Puente Magdalena (Sacyr), incluyendo la negativa a la liquidación judicial del contrato.