Presunto desvío de fondos en Ollas Comunitarias de La Guajira: Denuncian Vínculos con Campañas Electorales

Un nuevo escándalo sacude a Colombia, tras las denuncias de un presunto desvío de fondos en el proyecto de ollas comunitarias en el departamento de La Guajira, valorado en 20.400 millones de pesos. Según las investigaciones, los recursos habrían sido utilizados para financiar campañas electorales, incluyendo las de la alcaldesa de Albania, Nera Robles, y la congresista del Pacto Histórico, Martha Peralta.

Ollas comunitarias: ¿fuente de alimentación o herramienta electoral?

La asignación de un contrato tan significativo a La Guajira, con 470 ollas comunitarias equivalentes a más del 39% del presupuesto total, generó suspicacias desde el inicio. El municipio de Albania, en particular, recibió el contrato de mayor valor (20.400 millones de pesos) y los fondos fueron asignados a la Asociación de Madres Trabajadoras, Asomadoras, quienes, irónicamente, no recibieron ningún pago.

Preocupaciones por pagos atrasados y presuntas coimas

Las alarmas se encendieron en septiembre cuando tanto los responsables del manejo de los recursos como los proveedores no recibieron los pagos correspondientes. Las investigaciones apuntan a presuntos pagos de coimas y a la adjudicación de puestos en el ICBF y Prosperidad Social a congresistas como compensación por su participación en el esquema.

Jorge Martelo, exrepresentante a la Cámara, empresario y ganadero con vínculos al entorno de Albania y Nera Robles, es el contratista a cargo del proyecto. Su selección estuvo a cargo de Luis Gómez, designado gerente del proyecto por el gobierno de Gustavo Petro. Se conoce que tanto Gómez como Peralta han sido distanciados del círculo cercano al palacio gubernamental en las últimas semanas.

La sombra de la corrupción se cierne sobre La Guajira

Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de irregularidades que han empañado la gestión pública en La Guajira, incluyendo el caso de los carrotanques, errores en la implementación de soluciones para el suministro de agua y el mantenimiento de plantas potabilizadoras. La comunidad exige respuestas claras y acciones contundentes para combatir la corrupción y garantizar el buen uso de los recursos públicos.