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Preocupación de la Contraloría por crisis en la Comisión de Regulación de Energía y Gas
La expiración de la Resolución CREG 101031 de 2022, que posponía el cobro de tarifas reales, y la imposibilidad de estudiar la Resolución 701023 de 2023, que aborda la opción tarifaria, evidencian la crisis.

La Contraloría General de la República expresó su creciente preocupación por el vacío institucional que actualmente atraviesa la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), justo cuando ha comenzado oficialmente el fenómeno de El Niño. La entidad señaló que este vacío afecta la toma de decisiones sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas, así como las medidas tarifarias, lo que podría tener un impacto significativo en las finanzas nacionales y en los usuarios.
Durante este año, la crisis en la CREG, compuesta por el Ministro de Minas y Energía, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del Departamento Nacional de Planeación, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y seis expertos comisionados, ha sido evidente. Estos expertos, designados por el presidente por períodos de cuatro años según la Ley 2099 de 2021, tienen la responsabilidad de proponer regulaciones con independencia y autonomía.
La CGR observa con preocupación que, hasta la fecha, los nombramientos de estos expertos comisionados no se han anunciado, generando un vacío institucional. Según las Leyes 142 y 143 de 1994, la CREG tiene la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de servicios públicos como energía eléctrica, gas natural y GLP.
La expiración de la Resolución CREG 101031 de 2022, que posponía el cobro de tarifas reales, y la imposibilidad de estudiar la Resolución 701023 de 2023, que aborda la opción tarifaria, evidencian la crisis.
“Al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)” señala la Contraloría.
La falta de claridad en estas cuentas plantea incertidumbres sobre cómo los prestadores del servicio recuperarán los saldos y si se materializará la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía. En este contexto, los usuarios de la Región Caribe podrían enfrentar incrementos significativos en el costo unitario de kilovatio hora en su facturación mensual.