Pliego de cargos contra el alcalde de Cartagena por sobrecostos en raciones alimenticias del PAE

La Procuraduría General de la Nación presentó un pliego de cargos en contra del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y la directora de Cobertura de Educación del municipio, Alexandra Herrera, por posibles irregularidades en un contrato relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde se habrían detectado sobrecostos por un total de $527 millones.

Estos sobrecostos están vinculados al contrato que proporcionó raciones alimenticias diarias a más de 97.000 estudiantes de colegios públicos en medio de la pandemia de COVID-19.

Adiciones al Contrato y Falta de Control

Según la investigación de la Procuraduría, el alcalde Dau Chamat habría firmado una adición de $3.400 millones al contrato original, cuyo valor inicial era de $22.459 millones. Esta adición se habría basado en estudios previos autorizados por la directora de Cobertura de Educación, a pesar de que existían informes de la Contraloría General de la República que denunciaban los sobrecostos y las discrepancias entre los paquetes alimenticios propuestos y los realmente entregados a los estudiantes en sus hogares.

La Procuraduría comparó los precios del mercado con los valores cobrados al municipio de Cartagena por el contratista, específicamente en relación con los productos que formaban parte de los kits alimenticios a entregar.

Además de los sobrecostos, se identificó que los paquetes nutricionales mensuales, que debían contener al menos 15 productos diferentes, aparentemente fueron entregados de manera incompleta, en algunos casos con la entrega de solo uno de los productos. Sin embargo, se presume que se cobró el valor total, incluyendo costos, utilidades e impuestos completos.

Causa de Detrimento al Patrimonio Público

La falta del alcalde fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y adicionado el contrato en cuestión, no obstante que al parecer existían sobrecostos, con lo cual presuntamente se causó un detrimento al patrimonio público de $527.398.851.

La directora de Cobertura Educativa obtuvo la misma calificación provisional de falta gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y presentado los estudios previos PAE, que determinaron el valor del contrato y su posterior adición presupuestal, pese a que al parecer se presentaban sobrecostos.