Nueve personas imputadas por peculado y transferencias ilegales de fondos en el CAMU de Sahagún
Fiscalía acusa a individuos por desfalco y transferencias no autorizadas en centro médico

Un Fiscal Seccional de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) logró imputar cargos a nueve personas por el delito de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con transferencia no consentida de activos en un CAMU de Sahagún. Cada uno de los imputados, ya sea como autores o cómplices, fueron acusados según su participación en el acto ilícito.
Según la investigación llevada a cabo por el ente investigador, en el Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU) de San Rafael, ubicado en el municipio de Sahagún, Córdoba, habrían instalado un programa en el ordenador de la tesorera, permitiendo el acceso remoto a una cuenta corriente del CAMU.
De este modo, se violó el sistema de seguridad y se llevaron a cabo ocho transferencias virtuales hacia cuentas bancarias ajenas al centro de salud. Estas transferencias ilegales alcanzaron un valor total de $515 millones.
Los hechos, ocurridos el 16 de mayo de 2022, fueron denunciados por la gerente encargada y representante del lugar. El 21 de junio de 2023 los sospechosos fueron arrestados en diferentes lugares como Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Gamarra (Cesar) por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Gaula Militar.
Las personas identificadas como presuntas implicadas en este delito informático, denunciado el 18 de mayo del año pasado, son: Manuel Antonio Rojas Miranda, Luis Miguel Pérez Barreto, Dante David Collante Saavedra, Carmen Julia Tipón Hurtado, Noris del Carmen Rocha Cabarcas, Armando Alfonso Aya Millán, Luis David Hernández Acosta, Diana Carolina Ayús Cervantes y José Gregorio Mercado Ochoa.
Tras las audiencias concentradas, un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías en Sahagún determinó la detención preventiva en un centro penitenciario para Carmen Julia Tipón Hurtado, mientras que Diana Carolina Ayús Cervantes y Noris del Carmen Rocha Cabarcas quedaron bajo detención domiciliaria. Los demás imputados recibieron medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.