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El Ministerio de Justicia y el Derecho publicó el borrador del Proyecto de Acto Legislativo que busca reformar la Constitución Política. Se proponen modificaciones en 5 artículos de la Constitución y 2 transitorios para cambiar las competencias de la Procuraduría y la Contraloría.
Limitaciones en funciones jurisdiccionales y políticas
El primer artículo a modificar es el 117, que establece que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. La reforma añade que no tendrán funciones jurisdiccionales y no podrán restringir los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y ejercer cargos de elección popular.
Reformas en la representación ante autoridades jurisdiccionales
El proyecto propone cambios en el artículo 118, que se refiere a los agentes encargados de ejercer el Ministerio Público, limitando su representación ante las autoridades jurisdiccionales.
Atribuciones del Contralor General de la República
Se pretende modificar también los numerales 8 y 17 del artículo 268, que se refieren a las atribuciones del Contralor General de la República. La reforma limita la suspensión inmediata de funcionarios mientras se llevan a cabo investigaciones y procesos penales o disciplinarios, pero mantiene el poder de promover investigaciones contra quienes causen perjuicio al Estado.
Cambios en las funciones del Procurador General de la Nación
El artículo 277, que aborda las funciones del Procurador General de la Nación, se modifica en el numeral 6. Aunque se mantiene la vigilancia y el control sobre funcionarios públicos, ya no se podrá sancionar con suspensión, destitución o inhabilidad a servidores públicos de elección popular.
Intervención de la Procuraduría en procesos del Sistema Penal Acusatorio
El proyecto también elimina la función de intervención de la Procuraduría en los procesos del Sistema Penal Acusatorio.
Compromiso con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Gobierno del Cambio argumentó su compromiso con el respeto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumpliendo con las obligaciones internacionales relacionadas con los derechos políticos de los ciudadanos. La reforma busca adecuarse a estas sentencias y limitar la capacidad de la Procuraduría para emitir fallos de suspensión contra funcionarios elegidos popularmente.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que esta iniciativa responde a un estudio amplio y retira la función de intervención de la Procuraduría en los procesos del Sistema Penal Acusatorio.