Más de 500 aspirantes electorales podrían enfrentar inhabilidades por Contratos Públicos
El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, informó a la ciudadanía, las autoridades y al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los identificó a 526 candidatos para concejos municipales y 27 para alcaldías en Colombia que podrían estar enfrentando inhabilidades debido a su relación contractual con entidades públicas desde el 30 de octubre de 2022 hasta la fecha en las ciudades y distritos donde inscribieron sus candidaturas.
El propósito de estas inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos públicos y brindar igualdad en la contienda electoral, además de evitar el uso de recursos públicos en campañas político-electorales.
En el caso de los aspirantes a concejos municipales, los cinco partidos o movimientos políticos que más avalaron candidaturas potencialmente inhabilitadas suman 146 aspirantes, quienes suscribieron 214 contratos públicos en periodos inhabilitantes, con un valor total de $32.842 millones.
Los 27 aspirantes a alcaldías que podrían estar enfrentando inhabilidades están ubicados en Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Sucre, Quindío, Nariño, Cauca, Meta, Cundinamarca, Bolívar y Santander.
En Sucre, cinco candidatos están en esta situación, dos compiten por la alcaldía de Sincelejo, tres por el concejo de Sincelejo y uno por el concejo de San Onofre. Entre los candidatos inhabilitados en Sincelejo se encuentran Jacobo Quessep Espinosa y Jaime Enrique Gómez López.
Jacobo Quessep se encuentra entre los cinco primeros candidatos que concentran el mayor monto en contratación suscrita en periodo inhabilitante, con tres contratos por $1.088 millones.
Los aspirantes al Concejo Municipal de Sincelejo que estarían inhabilitados son Rafael Eduardo Pertuz Acosta, del Partido Colombia Justa Libres; Jorge Andrés Hernández Martínez, del Nuevo Liberalismo, y Odrin Enrique Bello Oliveros de Alianza Social independiente, y Emel Alfonso Arrieta Ramos, de San Onofre, por un contrato con el hospital de ese municipio.
Para obtener estos resultados, el equipo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia analizó la Base Pública de registros de contratación estatal digital SECOPII y la Base Pública de candidatos electorales inscritos en las elecciones de 2023, en el marco de una situación por la que podrían estar incursos en una inhabilidad, conforme con lo establecido en la Ley 617 de 2000, artículos 37 y 40.