Madres Comunitarias del Caribe protestan por incumplimientos laborales del Gobierno Nacional
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Cientos de madres comunitarias de los departamentos de Atlántico, Cesar y Córdoba salieron a las calles para reclamar el cumplimiento de acuerdos laborales por parte del Gobierno. En Barranquilla, las manifestantes marcharon desde la Plaza de la Paz hasta la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y denunciando la falta de dotaciones, contrataciones formales y pagos puntuales.
Madres comunitarias en Barranquilla también salen a las calles a protestar contra el Gobierno para exigir mayores garantías laborales. Por la situación se registra afectación en el sistema de transporte masivo @transmetrobaq #VocesySonidos pic.twitter.com/pGr37DJvql
— Blu Caribe (@BLUCaribe) October 21, 2024
Las protestas en Barranquilla fueron lideradas por Sefora Arias, presidente de Sintracihobi, quien destacó que desde hace ocho años no se reciben dotaciones adecuadas para los hogares comunitarios. Las madres exigen la formalización de sus contratos, ya que, según lo pactado en febrero de 2023, el Gobierno debía garantizar contrataciones continuas, un compromiso que hasta ahora no se ha cumplido. Además, denuncian que muchas trabajadoras, con más de 37 años de servicio, no tienen asegurada su pensión.
Protestas en Valledupar y Montería
En Valledupar, madres comunitarias del Cesar se unieron a la movilización nacional frente a la sede principal del ICBF, reclamando bonos pensionales, pagos de seguridad social y contratos prolongados. En Montería, la manifestación tuvo lugar en la Plaza Laureano Gómez, donde denunciaron la reducción en el tiempo de atención a la primera infancia, que pasó de 12 a solo 7-8 meses al año.
El paro fue declarado indefinido, afectando a miles de niños en la región. Las madres comunitarias advirtieron que seguirán protestando hasta que se logren acuerdos concretos en Bogotá, ya que los constantes retrasos en las contrataciones y la falta de estabilidad laboral perjudican no solo a las trabajadoras, sino también a las familias que dependen de sus servicios.