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Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la presentación del hijo del presidente Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos, y su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, ante el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías, para legalizar su captura por estar presuntamente vinculados a una investigación penal por el delito de lavado de activos.
Los delegados fiscales lograron que el juez decretara como legal los procedimientos de captura realizados en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) en la mañana del 29 de julio pasado, en los lugares de residencia de cada uno de los hoy procesados.
Según la decisión judicial, el operativo de captura fue ejecutado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cumpliendo todos los requisitos de ley y garantizando los derechos fundamentales de los investigados. Además, la presentación ante el juez se hizo antes del tiempo límite para iniciar la audiencia de legalización, y previamente se permitió que los abogados defensores tuviesen entrevista con sus defendidos y les comunicaran a familiares cercanos su detención.
La decisión judicial también validó los allanamientos, registro e incautación de elementos relevantes para la investigación, considerados como material probatorio o evidencia física. Los argumentos presentados por la Fiscalía fueron contundentes y contribuyeron a que el juez avalara las capturas y los allanamientos, sin que ninguna de las partes interpusiera recursos en contra de la decisión.
Rechazo de la solicitud de falta de competencia
El juzgado consideró improcedente la solicitud de la defensa de Nicolás Fernando Petro sobre la falta de competencia. El juez aseguró que se cumplieron todos los requisitos legales en el procedimiento y valoró la actitud proactiva de la Fiscalía para asegurar que todo se llevara a cabo de manera transparente y legal.
En las próximas horas, la Fiscalía imputará los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Petro Burgos, y a Vásquez Castro, los punibles de lavado de activos y violación de datos personales.