Judicializan ocho funcionarios del Concejo de Cartagena por corrupción
Concejo de Cartagena
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación destapó un presunto entramado de corrupción que se habría gestado al interior del Concejo Distrital de Cartagena durante el segundo semestre de 2016. Ocho exfuncionarios, incluyendo al expresidente del concejo distrital, Javier Wadi Cure Osorio, fueron judicializados por su presunta participación en la suscripción irregular de 88 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en distintas dependencias. Las afectaciones a la hacienda pública se estiman en alrededor de 400 millones de pesos.
Los exfuncionarios judicializados son Javier Wadi Cure Osorio, Emilio Alejandro Valencia Cásseres, Felipe Santiago Santos Díaz, Roberto Barbosa Pájaro, Rocío del Pilar López Amaris, Domingo Francisco Román Lozano y Aroldo Coneo Cárdenas. Además, la actual directora de protocolo de la corporación, Rosa Amelia Macías Sejuanes, también fue asegurada.
La Fiscalía imputó cargos por delitos como concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los implicados.
Irregularidades en Contratos y Afectación a las Finanzas Públicas
Durante el periodo investigado, los procesados habrían aprovechado sus cargos para suscribir irregularmente los 88 contratos, omitiendo el cumplimiento de requisitos legales esenciales en su trámite. Se señala que profesionales en diversas áreas fueron contratados para servicios como asesorías, proyección de conceptos, elaboración de respuestas de peticiones, análisis de libros contables, entre otros.
La investigación revela que muchos de estos contratistas ficticios no existían, y las labores contratadas, aunque facturadas, no se llevaron a cabo. Se anexaron informes y certificaciones falsas para avalar pagos, y varios cobros reportados superaban los costos estipulados, afectando las finanzas públicas en aproximadamente 400 millones de pesos.
Imposición de Medidas No Privativas de la Libertad y Apelación
En las audiencias concentradas, el juez de control de garantías impuso a los implicados medidas no privativas de la libertad. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión judicial, buscando que se revisen y ajusten las medidas impuestas en el desarrollo de las investigaciones.