Judicializan cinco responsables por hechos de violencia en la Registraduría de Gamarra

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco individuos vinculados a los hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de octubre en Gamarra (Cesar). Entre los acusados se encuentran Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado, Wilfrido Campos y Julio Rojas Marín, quienes enfrentan cargos que incluyen homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. Julio Rojas Marín, por su parte, enfrenta cargos de violencia contra servidor público.

Los acusados, pese a la presentación de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía, no aceptaron los cargos. Como resultado, una juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Julio Rojas Marín permanecerá en su lugar de residencia, mientras que los demás estarán en establecimiento carcelario.

Roles Delictivos y Hechos Violentos en Gamarra

La investigación revela que la mañana del 28 de octubre, un grupo de personas se congregó en una estación de servicio de Gamarra y marchó en protesta por una decisión que consideraban contraria a sus intereses políticos. Registros fílmicos y evidencias obtenidas por el CTI de la Fiscalía indican que la multitud ingresó violentamente a la sede de la autoridad electoral, enfrentándose a la resistencia de policías y otros funcionarios.

Julio Rojas Marín, entonces candidato al Concejo de Gamarra, aparentemente participó en la arremetida, agrediendo a la registradora municipal con puñetazos y patadas, además de destruir documentos, computadores y otros elementos. Por otro lado, los demás acusados estarían implicados en la planificación y ejecución del incendio que consumió la sede de la Registraduría, con la intención de destruir el material electoral.

Implicaciones y Continuación de la Investigación

Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, son señalados por ocultar y transportar una pimpina de gasolina en un coche de bebé. En contraste, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son acusados de recibir el combustible y colaborar con la persona que inició el incendio. Este acto resultó en la trágica muerte de una funcionaria, graves heridas a otros empleados y la incineración de la sede de la entidad. Las labores de policía judicial persisten para ejecutar una sexta orden de captura relacionada con estos eventos violentos en Gamarra.