Gobernador del Magdalena convoca Consejo de Seguridad ante presencia de actores armados en el departamento
Gobernación del Magdalena
El gobernador Carlos Caicedo Omar, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad en respuesta a las preocupaciones sobre el orden público en el departamento. En esta reunión, se discutieron medidas para garantizar la seguridad en los municipios del Magdalena en medio de desafíos relacionados con la presencia de actores armados, como el Clan del Golfo y Los Pachencas.
El gobernador expresó su preocupación por la seguridad de los líderes sociales y la falta de asignación de esquemas de protección, especialmente para aquellos que luchan por los derechos de las comunidades y la reclamación de tierras. Anunció que se elevará una comunicación a la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a su inacción en respuesta a las solicitudes de seguridad de estos líderes.
Medidas para fortalecer la seguridad
El gobernador también instó al Inpec, a trasladar de la jurisdicción para otras cárceles del país, a los capturadas de las estructuras de las AGC (Clan del Golfo) o de las ACSN (Los Pachencas) en grados de jefes, cabecilla o dedicados a la extorsión, ya que mantienen en riesgo la seguridad de las comunidades.
Además, buscará descongestionar las estaciones de Policía, donde miembros de grupos armados esperan condena, para liberar a los policías y permitirles desempeñar sus funciones de seguridad en las calles.
El gobernador destacó la reducción de homicidios en la Zona Bananera y una disminución del 13% en los municipios bajo la jurisdicción de la Policía Metropolitana.
También se acordó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para el monitoreo de las condiciones de seguridad en las zonas rurales de Aracataca, Fundación, Santa Marta y Zona Bananera, directamente en los asentamientos de la Sierra Nevada.
Además del gobernador, en la reunión participaron los Comandantes de la Primera División del Ejército y Policía Metropolitana y Departamental, el Director Seccional de la Fiscalía, Procuradora Regional, Defensor del Pueblo y representantes de las alcaldías de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Sabanas de San Ángel.