José Nicolás Vega Lastre, coordinador de Gestión del Riesgo en Sucre, informó que, después de siete horas de vientos huracanados, lluvias y tormentas eléctricas en todo el departamento, se ha realizado un barrido para conocer los daños que se han presentado, especialmente en los municipios de Majagual, en la subregión de la Mojana; San Benito Abad, Coveñas y Corozal.
Manifestó que en el municipio de Majagual, las familias que resultaron afectadas residen en los corregimientos de Corneliano y Palmarito, así como en el perímetro urbano de San Benito Abad, y que se ha registrado un número aproximado de 270 damnificadas; asimismo, que en Corozal, en el arroyo Grande, se dio un aumento súbito en su nivel, así como en el arroyo Amansaguapo, de Coveñas.
El jefe de Gestión del Riesgo manifestó que se ha hecho la evaluación de daños y el análisis de las necesidades de estas comunidades, y que dentro del plan de acción que la Administración departamental tiene se contempla la asistencia a las familias damnificadas. De allí que de inmediato se adelanten los trámites correspondientes, según los requerimientos que hagan los consejos municipales de Gestión del Riesgo, para que, posteriormente, regresen estas familias a la normalidad.
De igual forma, el funcionario dijo que los cuerpos de socorro han brindado todo su apoyo para conocer la cifra exacta en cada uno de los municipios de Sucre.
“Después de que los entes territoriales locales decreten la calamidad pública, se podrán gestionar recursos a estas comunidades, a sabiendas de que, por la Ley de Garantías, existen limitaciones para adelantar este tipo de asistencias. Sin embargo, a raíz de la calamidad se podría gestionar la consecución de recursos a través del Fondo Nacional de Calamidad de Gestión del Riesgo”, aseveró Vega Lastre.
El funcionario recalcó que esta clase de situaciones, en la mayoría de los casos, se presenta por la sedimentación de caños y arroyos y por el mal manejo que se le da a estas basuras, así como a los residuos sólidos, lo que hace que colapsen los cauces de los afluentes y que haya obstrucción de alcantarillas, de los puentes o de los boxcolver, como en los casos presentados en San Benito Abad y Majagual.