Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra exdirectivos y empresario involucrados en la defraudación de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la captura del exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero por su presunta participación en el esquema de corrupción que habría desviado millonarios recursos de la entidad.

Según las investigaciones, los implicados habrían direccionado contratos por valor de 228.884 millones de pesos a particulares, a cambio de coimas. Entre los contratos más llamativos se encuentra la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira, en la que se habría presentado una defraudación de 14.163 millones de pesos.

La Fiscalía presentó ante el juez elementos probatorios que sustentan las acusaciones por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental. Los investigadores señalan que los implicados habrían creado una estructura criminal para apoderarse de los recursos de la UNGRD y beneficiar a un grupo de contratistas.

“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.

Además agregó que “Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”.

La Fiscalía enfatizó que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad.
“Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios” afirmó.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento fue suspendida y continuará este sábado 31 de agosto.