Fiscalía Imputa al exgobernador de Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador del Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, por presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

La imputación se basa en nueve grandes irregularidades relacionadas con la celebración y ejecución de un contrato para garantizar servicios administrativos y de aseo en los colegios del departamento, realizado entre agosto de 2009 y abril de 2010.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran deficiencias en los estudios previos, falta de justificación para la contratación, presupuesto sin fundamentos sólidos, falta de evaluación adecuada de la propuesta de la empresa adjudicataria, elaboración de un pliego de condiciones confuso, y una liquidación del contrato con pagos indebidos a la empresa contratista.

La Fiscalía argumenta que se fijó injustificadamente un plazo inicial de seis meses y la asignación «caprichosa» de un presupuesto para contratar a 872 trabajadores, con jornadas laborales de 12 horas diarias, por encima de las 10 horas contenidas en la norma.

El ente fiscalizador sostiene que no se evaluaron adecuadamente los riesgos en la contratación, se dejó de lado el mantenimiento contemplado en los estudios preliminares y se elaboró un pliego de condiciones confuso que limitó la participación de aspirantes con experiencia en el sector privado.

Además, la Fiscalía indica que no se realizó una evaluación adecuada de la propuesta de la empresa adjudicataria, se otorgó una adición sin justificación y se liquidó el contrato, pagando valores que estaban pendientes de cumplimiento. A esto se suma que, en los documentos presentados para soportar la ejecución efectiva, aparece contratado mayor personal al que verdaderamente fue empleado en los planteles.

Finalmente, los investigadores y peritos contables del CTI detectaron que el entonces gobernador de Magdalena habría permitido que la empresa contratista se apropiara de 2.610 millones de pesos que hacían parte del erario.

La Fiscalía sostiene que Díazgranados Velázquez, en su calidad de gobernador, habría incumplido sus deberes de vigilancia, supervisión y control sobre los recursos públicos.