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Extienden contrato a Thomas Greg & Sons para la fabricación de Pasaportes hasta 2025
Se asegura la expedición de pasaportes y se inicia proceso para transferir capacidades a empresa portuguesa
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El Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con la compañía Thomas Greg & Sons para que continúe la fabricación de pasaportes hasta septiembre de 2025, mediante un contrato de 11 meses bajo el mecanismo de urgencia manifiesta. Esta medida fue adoptada ante la falta de capacidad de la Imprenta Nacional para asumir esta tarea y después de que la primera licitación para la producción de pasaportes fuera declarada desierta, a pesar de que Thomas Greg había salido elegible.
Este acuerdo contempla un proceso de transición en el que una empresa de Portugal será capacitada para asumir la fabricación de pasaportes tras la finalización del contrato con Thomas Greg. Según explicó el canciller Luis Gilberto Murillo, Portugal operará una planta de producción de pasaportes en Colombia durante 10 años, para luego transferir la infraestructura al Estado colombiano.
Fases del Proceso de Transición
El plan del Gobierno está dividido en tres fases. La primera, denominada “aseguramiento del servicio”, se extenderá hasta agosto de 2025, y contempla que el Ministerio de Relaciones Exteriores y operadores privados mantengan el servicio de expedición de pasaportes.
En la segunda fase, llamada “empalme de modelo híbrido”, el Ministerio asumirá varios procesos relacionados con la atención y formalización de datos, mientras que un operador privado se encargará exclusivamente de la producción y personalización de los documentos.
Finalmente, en la tercera fase, el Estado colombiano tomará el control total del proceso, incluyendo la captura de datos y personalización de los pasaportes, con las capacidades instaladas gracias a la colaboración y transferencia tecnológica del Gobierno de Portugal.
Demanda de Thomas Greg & Sons contra el Estado
A pesar de la prórroga del contrato, persiste la incertidumbre sobre el curso de la demanda que Thomas Greg & Sons presentó contra el Estado colombiano. La empresa reclama una indemnización por los ingresos que habría dejado de recibir al haber sido excluida de la licitación de manera unilateral.