La Procuraduría General de la Nación detectó graves deficiencias en la atención a la primera infancia de la comunidad Wayuu en La Guajira por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), razón por la cual fue citada la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres.
El ente de control evidenció que el cambio de modelo para la atención integral de los Wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación de operadores en la modalidad propia e intercultural, afectando a por lo menos 80 mil familias.
Falta de transparencia en la selección de operadores
Además, la Procuraduría encontró irregularidades en los procesos de selección de operadores, incluyendo la falta de un censo claro de la población beneficiaria, requisitos cuestionables para los oferentes, y la aplicación de criterios de selección no objetivos.
Incumplimiento de la Sentencia T-302
El ente de control señaló que, pese a la Sentencia T-302 de 2017 que reconoce el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira en materia de salud y educación para la comunidad Wayuu, las problemáticas persisten.
Ante la grave situación, la Procuraduría citó a la Directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, el próximo 20 de junio para que explique los planes para resolver las deficiencias encontradas y garantizar la atención adecuada a la primera infancia Wayuu en La Guajira