Contraloría revela irregularidades en contratos del Ministerio del Interior por $99.000 millones

La Contraloría General de la República detectó 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, durante una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial relacionada con el seguimiento de las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del Departamento de La Guajira.

Este proceso abordó las acciones realizadas por 42 entidades estatales en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos para la comunidad Wayuú, con una inversión de cerca de $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.

Resultados Detallados de la Fiscalización

La actuación arrojó 21 hallazgos fiscales por un total de $12.088 millones, 72 hallazgos de carácter disciplinario y la solicitud de apertura de Indagación Preliminar por un monto total de $99.000 millones, referente a 3 contratos suscritos por el Ministerio del Interior. Estos contratos presentaron diferencias entre los valores facturados y los precios de referencia, generando aumentos injustificados en los valores totales de los contratos.

Se detectaron deficiencias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo incumplimiento de la normatividad vigente, falta de seguimiento y control en procesos contractuales, y pagos injustificados. Además, se evidenció falta de articulación entre entidades en el ámbito de la salud, con un incremento de casos de desnutrición infantil y una tasa de mortalidad por desnutrición mayor que el promedio nacional y departamental.

Desarticulación en Proyectos Sociales y de Vivienda

La Contraloría observó falta de coordinación y comunicación entre entidades gubernamentales en el desarrollo de programas y proyectos sociales, especialmente en el caso de la atención a niños Wayuú. La falta de compartir resultados y la ausencia de articulación entre programas resultó en la falta de detección oportuna de casos de desnutrición infantil, evidenciada por el lamentable hecho de que 95 de los 265 niños fallecidos estaban inscritos en programas del ICBF.

El informe destaca tres contratos suscritos por el Ministerio del Interior que presentaron irregularidades, dando lugar a solicitudes de Indagación Preliminar por un total de $99.000 millones. Estos contratos incluyen aspectos como diferencias en valores facturados, falta de documentación completa para legalización de tiquetes aéreos y falta de cotizaciones para ítems no previstos en el tarifario.

El Vicecontralor, en funciones de Contralor General de la República, resaltó la falta de destinación específica de recursos para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. Se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación entre entidades y la planificación adecuada en proyectos relacionados con la comunidad Wayuú. Se espera que estas revelaciones conduzcan a una acción rápida y efectiva para abordar las irregularidades identificadas.