Contraloría lleva 74 procesos de responsabilidad fiscal por $66.043 millones en Atlántico

Hasta la fecha de corte del 31 de octubre, la Contraloría General de la República lleva a cabo 74 procesos de responsabilidad fiscal en el Departamento del Atlántico, abarcando un total de $66.043 millones en presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de recursos públicos.
La Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico está encabezando 64 de estos procesos, que ascienden a $18.268 millones. Entre estos casos, uno de los más destacados involucra una responsabilidad fiscal por $5.016 millones y se relaciona con irregularidades en la construcción de centros de desarrollo para la primera infancia, la juventud, la adolescencia y los adultos mayores en los municipios de Soledad, Manatí y Santo Tomás en el Atlántico. Las deficiencias en la planeación de este contrato llevaron a que no se cumplieran los requisitos básicos para la ejecución de los proyectos, además, no se consideraron los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se carecía de permisos ambientales y licencias de construcción, y las obras no cumplieron con las condiciones prometidas.
Además, la Contraloría General de la República está llevando a cabo procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el Hospital Universitario CARI E.S.E. en Barranquilla por $2.404 millones, así como otro por $1.563 millones debido a irregularidades en el mejoramiento de la vía Ye de Piojó – Azucena – Autopista
Por último, se han identificado problemas en el proyecto de dotación de siete sedes del SENA para ofrecer programas de formación en el Departamento del Atlántico por un valor de $3.123 millones.
Es importante destacar que la Contraloría también ha emitido tres fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados por un total de $1.357 millones, abarcando casos que afectan al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, al Municipio de Usiacurí, y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE). Estos fallos implican irregularidades en la ejecución de contratos y acciones de funcionarios públicos.